
A pesar del respaldo legislativo brindado por Tucumán en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma del régimen de "Zonas Frías", persisten profundas dudas sobre la voluntad del Ejecutivo Nacional para efectivizar las promesas de subsidios energéticos para las denominadas "zonas cálidas". La gestión encabezada por Javier Milei prioriza un ahorro fiscal que se vería condicionado si se destinan los fondos pactados a las jurisdicciones del Norte, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de un compromiso que no fue incluido formalmente en el articulado del proyecto de ley. Este esquema de compensaciones eléctricas, que fue la llave para destrabar votos clave, se encuentra ahora supeditado exclusivamente a una decisión administrativa y discrecional del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
La estrategia oficial para reducir el gasto público mediante la redefinición de las regiones que reciben subsidios al gas natural enfrenta una encrucijada política. Durante las negociaciones en la Cámara Baja, el oficialismo accedió "de palabra" a subsidiar la electricidad en las provincias norteñas bajo el concepto de “Zona Cálida” para asegurar la media sanción. Sin embargo, la implementación de este beneficio no figura en el texto del proyecto, por lo que estará sujeto a una resolución del Ministerio de Economía, un mecanismo que la oposición advierte como potencialmente variable y de fácil modificación por parte del Ejecutivo.
Esta decisión arbitraria resulta crítica para Tucumán y otras cinco provincias (Jujuy, Catamarca, Salta, Misiones y Santa Fe), ya que el compromiso implica un incremento en los topes de consumo subsidiado durante los meses de verano. El documento técnico titulado “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb” contempla bloques adicionales de 300 kW/h para zonas "muy cálidas" y de 200 kW/h para la "Zona Cálida".
El dilema del ahorro fiscal frente al costo de la negociación
El objetivo central del Gobierno es recortar el déficit de $485.000 millones que genera el esquema vigente de gas, buscando un ahorro de $272.099 millones con la nueva ley. No obstante, el costo de los subsidios eléctricos prometidos al norte oscila entre los USD 71 millones y USD 95 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista actual, esta erogación representaría aproximadamente $141.000 millones de pesos, lo que significa que el costo de los subsidios adicionales para electricidad podría absorber la mitad del ahorro neto que el Ministerio de Economía pretende consolidar.

Según información de la Secretaría de Energía, este gasto adicional no fue computado inicialmente dentro de las proyecciones de ahorro de la reforma de “Zona Fría”. Por esta razón, el momento de la implementación es clave, ya que a medida que se acerquen los meses de mayor temperatura, el gasto público aumentaría por estos subsidios, chocando con las metas de ajuste de la administración libertaria.
En Tucumán, la articulación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la Casa Rosada fue determinante para viabilizar la reforma. El Bloque Independencia, alineado con el mandatario provincial, aportó sus votos favorables bajo una estrategia de reciprocidad de gestión. Este acuerdo se fundamenta en necesidades técnicas y climáticas, ya que según la norma IRAM 11603/2012, la provincia integra áreas donde las temperaturas a partir del mes de noviembre pueden superar los 40 grados, lo que exige al máximo la infraestructura eléctrica por el uso de refrigeración.
A pesar del pacto político, el sector parlamentario tucumano expresó su preocupación por la falta de previsión. Desde la Legislatura, presentantes de la oposición ya habían solicitado anteriormente duplicar los techos de consumo subsidiado durante los meses de verano para la región, advirtiendo que “la quita progresiva de los subsidios y sus topes asignados van a dejar fuera del sistema a cientos de usuarios” si la Nación no cumple con las salvaguardas tarifarias prometidas.